VxP PROPONE AL PLENO UNA INICIATIVA PIONERA EN CANARIAS PARA QUE SE INSTE AL ESTADO A CAMBIAR LA LEY HIPOTECARIA

Se trata de proponer el cambio urgente de la legislación hipotecaria para evitar los desmanes de los bancos por las ejecuciones hipotecarias que realizan

Desde Vecinos y Vecinas x el Puerto (VxP) pedimos que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz inste al Gobierno del Estado a que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, promueva una modificación de legislación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede saldada, tal y como sucede en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos de América. VxP a través de su candidato a la alcaldía Jaime Coello se convierte en pioneros en Canarias, al ser los primeros en plantear que un municipio se adhiera a la iniciativa nacional de la plataforma de afectados por la hipoteca. Además pedimos que se inste al Gobierno del Estado a aprobar una moratoria o implementar las medidas para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria, por causa de ejecuciones hipotecarias de las entidades financieras.

La propuesta que se debatirá en el pleno de este lunes 21 de febrero también subraya la petición de que se apruebe con carácter de urgencia por parte del Estado medidas destinadas a paliar la situación de las familias afectadas por los desahucios ya producidos, de manera que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos, sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, garantizándose que la renta a pagar no supere en ningún caso el 30% de la renta familiar disponible. VxP considera inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual situación, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos que pagamos todos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en toda España se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias. Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), la ley hipotecaria vigente, texto de 1946, posteriormente modificada numerosas veces, determina que la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de la tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas y cuentas, así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una deuda permanente que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida. Una sentencia de 17 de diciembre de 2010, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, ha avalado por primera vez la entrega de una vivienda al banco, a cambio de la cancelación del total de la deuda hipotecaria. Por ello, es aconsejable la urgente reforma de la legislación hipotecaria introduciendo los cambios pertinentes para evitar el continuo abuso sobre los clientes, que amparándose en la normativa vigente, hacen las entidades bancarias.

Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene se reproduce en las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios, hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a las tasaciones de los inmuebles muy por encima de su valor y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.